al igual que el ex alcalde marbellí, Julián Muñoz, por fraude en
concurso con prevaricación y malversación de caudales públicos en el
caso 'Minutas'.
En la sentencia de este caso, sobre las presuntas irregularidades en
los encargos realizados a Del Nido por el Ayuntamiento de Marbella, se
absuelve al abogado y a Muñoz de falsedad documental y de delito societario continuado.
Del Nido, además, estaba acusado de tráfico de influencias,
apropiación indebida, presentación de documento falso y deslealtad
profesional pero la Sala lo absuelve de estos cargos.
Además, Muñoz y Del Nido han sido condenados a 15 años de inhabilitación absoluta y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 3.058.505 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.
El fiscal modificó su escrito inicial para Del Nido solicitando una pena de 30 años de cárcel, frente a los 13 años y medio iniciales. Respecto a Muñoz, elevó la petición de cárcel de 16 años y medio a 28 años de prisión.
Por su parte, el ex asesor urbanístico y considerado el cerebro de la trama del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha sido condenado a cuatro años de prisión, tres de ellos por malversación de caudales y uno por fraude.
La Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella origen del caso tras analizar informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio, acusó a 16 personas. El Ayuntamiento marbellí ha ejercido la acusación particular. La vista oral de este juicio comenzó el 6 de abril de 2010 y terminó el 24 de junio de este año.
La acusación pública eliminó el delito de asociación ilícita, que afectaba a Del Nido, a Muñoz y
a otros acusados, y el de malversación de bienes inmuebles; aunque se
introdujo uno nuevo de fraude, que afecta a ambos y a la letrada y ex
mujer del presidente del Sevilla, Ángeles Carrasco, y de tráfico de
influencias, sólo para el letrado, en relación con la segregación del
núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.
El ministerio fiscal sostuvo durante todo el proceso que la
contratación de los servicios profesionales del letrado para este
proceso de fiscalización se realizó "sin" el preceptivo expediente
y se le adjudicaron los servicios y el ejercicio de las acciones
concretas "mediante decretos inmotivados", considerando que se pretendía
"una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el
año 1999".
Del Nido, por su parte, siempre defendió su trabajo y
aseguró que recibió órdenes de impugnar la fiscalización, pero no tuvo
misión de retrasar la tarea ni obstaculizar la labor, negando que creara
una espiral procesal para cobrar minutas que no debía. Dijo que su
actuación era "necesaria" y fue "efectiva". Asimismo, en su derecho a la
última palabra dijo que entendía que se le había aplicado el derecho
penal de autor.
Un problema para el sevilla